El Reglamento 2023/2411 de la UE sobre Indicaciones Geográficas (IG) ya es una realidad. Esta nueva normativa amplía la protección, hasta ahora limitada a productos agrícolas y vinícolas, para incluir los productos artesanales e industriales vinculados a habilidades regionales tradicionales. A través de un procedimiento de registro en dos fases, se garantizará una protección unificada en toda la UE.
Cuando escribimos nuestro primer blog acerca de este tema, aún se trataba solo de una propuesta. Ahora, el Reglamento 2023/2411 de la Unión Europea es ya una realidad: entró en vigor el 16 de noviembre de 2023 y será plenamente efectivo a partir del 1 de diciembre de 2025 en toda la UE. Esta nueva normativa, relativa a la protección de Indicaciones Geográficas (IG) para productos artesanales e industriales, amplía dicha protección, que hasta ahora se restringía a ciertos productos vinícolas, bebidas espirituosas, agrícolas y alimentarios, a productos artesanales e industriales vinculados al saber hacer tradicional.
¿Quién puede solicitar la protección?
Para registrar una IG de un producto artesanal o industrial, la solicitud debe ser presentada por una agrupación de productores y, en casos excepcionales, por un productor único. También puede solicitar esta protección una autoridad local o regional (siempre que no participe en el proceso de registro o control) o una entidad privada designada por el Estado miembro correspondiente. En el caso de productos transfronterizos, los solicitantes de diferentes países de la UE, e incluso de terceros países, pueden presentar una solicitud conjunta.
El producto debe tener una fuerte vinculación con una zona geográfica específica, basada en el saber hacer local. Por ello, además, su calidad o renombre debe ser atribuible a esa zona, y al menos una de sus fases de producción debe tener lugar allí.
¿Cómo se solicita la protección?
Con el objetivo de reducir la carga y costes administrativos, el proceso de solicitud consta de dos fases: nacional y europea.
Primero, los productores deben elaborar un pliego de condiciones que establezca los requisitos y condiciones esenciales del producto. Junto con el pliego, la solicitud debe ir acompañada de un documento único basado en un formulario normalizado que describa, entre otras cosas, el nombre a proteger, el tipo de producto, su vinculación con la zona geográfica y otros detalles relevantes.
Una vez completados los requisitos formales, las solicitudes se deberán presentar ante las autoridades competentes a nivel nacional para su evaluación. Si son favorables, se remitirán a la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO) para la segunda etapa y aprobación final. En caso de que un Estado miembro no tenga un sistema nacional para IG, el solicitante podrá solicitar una exención y registrar directamente a través de la EUIPO.
A diferencia de los productos agrícolas, donde la Comisión Europea supervisa todo el proceso, en el caso de productos artesanales e industriales la EUIPO gestiona la fase de evaluación a nivel europeo. Solo en casos específicos la Comisión mantiene la autoridad para decidir sobre la aprobación de solicitudes presentadas.
¿Quién controla el cumplimiento?
Una vez registrada la IG, las autoridades nacionales y los organismos de certificación realizarán verificaciones periódicas para garantizar el cumplimiento de las especificaciones del producto y detectar productos fraudulentos o falsificados. Además, los productores deberán presentar una autodeclaración exhaustiva y con una estructura armonizada, primero antes de comercializar el producto y posteriormente cada tres años.
¿Qué va a ocurrir con los sistemas nacionales ya existentes?
A efectos de acabar con la fragmentación normativa, los sistemas nacionales de IG vigentes dejarán de existir doce meses después de la fecha de aplicación del reglamento, esto es, como tarde, el 2 de diciembre de 2026. Durante este período de transición, la UE, sus países miembros, la EUIPO, la Comisión y los interesados trabajarán en la implementación completa del nuevo sistema.
¿Cuál es la situación en España?
El reglamento encomienda a los Estados miembros la tarea de implementar en su normativa nacional los procedimientos específicos para la fase nacional, incluyendo los plazos correspondientes. Asimismo, les obliga a definir los procedimientos para modificar el pliego de condiciones de una IG, así como para su anulación una vez registrada.
En este contexto, España ha comenzado a adaptar su legislación para cumplir con los nuevos requisitos de este reglamento a través de un proyecto de real decreto, que regulará la fase nacional del proceso de registro. Como parte de este proceso, la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) abrió un trámite de consulta pública sobre dicho proyecto el 17 de diciembre de 2024, que finalizó el 2 de enero de 2025.
Asimismo, la OEPM ha sido designada como la autoridad competente para esta fase, la cual también actuará como enlace entre los organismos autonómicos competentes y la EUIPO cuando las solicitudes se limiten a una comunidad autónoma.
Este proceso de adaptación a nivel nacional es fundamental para asegurar que productos artesanales e industriales emblemáticos de España, como el calzado de Elche, la cerámica de Talavera o las navajas de Albacete, cuenten con la misma protección que ya disfrutan productos como el jamón de Jabugo.
¿Y ahora qué?
Bajo el lema “Proteger nuestro patrimonio para cultivar nuestro futuro”, los pasados 28 y 29 de enero de 2025 la EUIPO celebró en Alicante su tercera edición del Congreso de Indicaciones Geográficas (CIG). El evento, que atrajo a más de 2.000 participantes de 67 países, incluyendo productores, juristas y representantes de las oficinas e instituciones de la UE y nacional, se ha consolidado como uno de los más grandes y de mayor impacto hasta la fecha. A tan solo diez meses de la aplicación de la normativa, el Congreso fue un espacio clave para entender los retos que enfrentan todos los actores involucrados y profundizar en la implementación del nuevo marco legal de las IG.
Ahora, solo queda esperar para ver cómo este nuevo sistema influirá en la competitividad de nuestros productos tradicionales.
Marta Valero
